Finalizó el motín de Ceará en Brasil y dejó 150 muertos

Tras trece días de huelga en el estado de Ceará, los agentes de la Policía Militar aceptaron la oferta salarial realizada desde el Gobierno, poniendo fin a un espiral de violencia que, en adición a lo que se confirmó como más de 150 muertos, provocó la orden del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de enviar a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden.

Dentro de los principales puntos del acuerdo se plantea que los agentes regresen a sus puestos de trabajo, el compromiso por parte del gobierno local de no transferir a los agentes a zonas del interior del estado durante los 60 días posteriores a los disturbios y la garantía de invertir 495 millones de reales (100 millones de dólares) en salarios para los agentes hasta el año 2022.

Lo cierto es que el espiral de violencia experimentó en la última semana una intensificación del caso, desde donde se experimentó: 170 muertos (confirmados por la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social), 43 oficiales de la Policía arrestados, un senador baleado y la decisión del Ejecutivo nacional de autorizar la intervención militar, en principio, hasta el próximo viernes.

En lo que a las causas recientes respecta podemos remontarnos hacia finales del año pasado, con las negociaciones por el ajuste salarial encabezadas por los policías y bomberos del estado federal de Ceará, punto que llevó a estos sectores a trasladarse hacia la capital, Fortaleza, para pedir un aumento ante la Asamblea Legislativa.

El reclamo entiende que en los últimos seis años no se han percibido incrementos salariales, al tiempo que la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Ceará argumentó la inversión de 599,6 millones de reales en la agenda de seguridad entre 2015 y 2018.

Acá la réplica tuvo que ver con que desde las fuerzas policiales se argumentó que ese dinero no fue utilizado para aumentar sus salarios, sino con el propósito de contratar a 10.000 uniformados nuevos.

Entonces, por un lado, las presiones políticas por parte de las fuerzas de orden no cesaron, al tiempo que el pasado 13 de febrero las autoridades locales se comprometieron a hacer caso a los pedidos con una suba que se trasladara en la transición de los 3200 a 4500 reales hacia finales de 2022.

Ajeno a este punto, un grupo de policías y bomberos, en desacuerdo con la negociación final, convocó a manifestaciones en las calles, pasando por alto el impedimento constitucional (ratificado por el Tribunal Supremo en el año 2017) de hacer huelga, algo que decantó en que la Justicia declarara la ilegalidad de estas actividades.

Este fue el verdadero punto de inflexión en el reclamo. Desde el pasado 18 de febrero las fuerzas policiales habían decretado el cese de actividades, al tiempo que para un estado que en enero del 2019 contempló un promedio de 8,4 homicidios diarios, la Secretaría de Seguridad Pública informó que el promedio en los primeros cuatro días de huelga y motín fue de 30,5.

Redacción: Es La Hora

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