¿CUÁL ES EL PRECIO PARA LA
JUSTICIA?

A propósito de las propuestas sobre reforma judicial, el caso Darthés sobre abuso sexual, y el trato que reciben las víctimas de delitos por parte del Poder Judicial y de Organismos del Estado a cargo de la aplicación de políticas públicas al respecto.

Por Aldana Ros*

Hace unos años, caminando, “pateando tribunales” (como solemos decir quienes nos dedicamos a esta profesión -o ya un estilo de vida- que es el ejercicio de la Abogacía) observé con detenimiento un pequeño cartel pegado en una pared -como se acostumbra ver por la zona de tribunales, en el microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-; o, más que un cartel, se asemejaba a una nota cual grito cansado de un Poder Judicial que me niego a llamarlo con el sinónimo de “la Justicia”, siendo que tantas veces se aleja de ésta, aunque esa debiera ser la finalidad del actuar de ese Poder del Estado. Esa nota,cuyo/a autor/a desconozco, cuestionaba: “¿Cuál es el precio de la Corte Suprema?”

 

Mayo 2019, zona de tribunales - calles Lavalle y Talcahuano-, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Foto: Aldana Ros)

En los años que llevo “pateando” hacia las mesas de entradas de juzgados, tribunales; sola o compañando a víctimas, he visto y padecido hasta el hartazgo como estas víctimas resultan ser verdaderamente sobrevivientes a una “revictimización” constante -y hasta sistemática- perpetrada por quienes debieran asegurarles la garantía a ser oídas/oídos en consecuencia sobre sus reclamos -peticiones- nada más ni nada menos que por la real garantía en el reconocimiento de sus Derechos Humanos.

Hace unos días, Julio Zarza manifestó en una nota de opinión (1), dentro de cuestiones que particularmente indignan – a las cuales adhiero- “que la policía mate a nuestros pibes con tiro en la cabeza y no pase nada, no hay ningún anuncio, no hay ninguna propuesta nueva de justicia. Me indigna que rescaten a una piba de la trata y no le den albergue”.

El Poder Judicial, aún con todos los intentos de reforma, de democratización -en el caso de nuestro país; aclaro debido a una causa judicial de trascendencia latinoamericana en particular a la cual me referiré seguidamente- y algunos Organismos del Estado aún no logran cristalizar la cobertura mínima para un intento de reparación o restitución en materia derechos específicamente económicos, sociales y culturales de grupos particular e históricamente vulnerados en forma reiterada sobre sus derechos. En estos grupos incluyo a niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas, comunidad LGBTTTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, queer y otras diversidades), migrantes, comunidades indígenas, personas con discapacidad, personas sin vivienda o con vivienda en condiciones – rácticamente- de imposible habitabilidad (porque donde falta el agua, la luz, el gas -servicios indispensables para las mínimas condiciones de vida-, creo y me permito decir que aún habitándolas, se traduce en despertar y acostarse a dormir sobreviviendo, no “viviendo”; aunque claro está que mejor sabrán cuestionar o reafirmar esto las y los propias/os que así lo padecen diaria e históricamente).

Así, es como me cuestiono cuál es el verdadero precio que traduce el Poder Judicial para los grupos mencionados y quienes decidimos con convicción y trabajo diario acompañar sus causas. ¿Cuál es el precio de ese Poder Judicial que decide tener los ojos cerrados, o abrirlos del todo y mirar a quién “dé más” -como si rematara derechos en pugna-? Abro paréntesis para referirme, breve pero apelando a la claridad, al caso sobre el juzgamiento en Nicaragua y Brasil del conocido Juan Darthés por el delito de abuso sexual.
La víctima del caso, Thelma Fardin, ha sido expuesta judicialmente en reiteradas oportunidades, habiendo ya prestado declaración y presentado las pruebas pertinentes en el caso, esperando que las mismas sean analizadas a los fines de obtener la tramitación del juicio, una sentencia favorable y, en consecuencia, condenatoria para el denunciado. Si bieneste caso está por fuera de las fronteras de nuestro país, lo tomo de ejemplo debido a su trascendencia mediática y en tanto tiene como víctima denunciante a una mujer -recordar los grupos históricamente vulnerados en distintos derechos que mencioné en párrafo más
arriba-. Me permito también tomar este caso para hablar y retomar sobre el trato, o más bien destrato y violencia ejercida por el Poder Judicial o los Poderes Judiciales de distintos países, aunque más adelante yo focalice en el nuestro, respecto a las víctimas de delitos en general y especialmente a las víctimas o sobrevivientes de los delitos contra la integridad sexual -abuso sexual y los distintos agravantes previstos en nuestro Código Penal-, delitos contra la libertad como la trata de personas -con fines de explotación sexual o con fines de explotación laboral-, delitos de desaparición forzada y delitos de homicidio perpetrados por agentes del Estado.

En el año 2017, en nuestro país, fue aprobada -y se encuentra en vigencia- la Ley nacional N° 27.372 de DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS. Sin embargo, pocas veces vi en la práctica judicial que jueces, juezas, tribunales, Cortes Supremas provinciales y aún la propia Corte Suprema de la Nación convoquen a las víctimas ellos/ellas mismos/as -lo que en términos jurídicos decimos “de oficio”- para ser escuchadas y, a la vez, para informarles acerca de los detalles y avances en las causas judiciales. Podríamos decir que aún a falta de dicha ley, también los Derechos Humanos los
encontramos reconocidos en nuestra Constitución Nacional como norma máxima de nuestro sistema jurídico nacional y los distintos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como por ejemplo uno que solemos utilizar mucho abogadas/os, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Hay un principio en Derecho que nos dice que “los jueces conocen el Derecho” -se cita usualmente en latín como “iura novit curia”-; ahora bien, cuestiono, si así fuera, por qué entonces, en lugar de revictimizar constantemente, no aplican la ley y convocan a las víctimas de delitos, a las víctimas de violaciones a los
derechos económicos, sociales y culturales, para explicar y poner a disposición REAL todos los recursos para un acceso en igualdad de oportunidades para la -en sí- justicia? El Poder Judicial no alcanza aún ya en el año en curso, a convocar a las víctimas, a las personas diariamente sobrevivientes ante semejantes vulneraciones diversas a sus derechos, para explicar la marcha de los procesos judiciales siquiera en un vocabulario o palabras claras para que cada cual pueda comprender sus derechos, los recursos con los que dispone o no, y actuar en consecuencia. En los barrios y en la calle misma donde las personas continúan también siendo vulneradas en sus derechos a la salud, a la vivienda, a una vivienda en
condiciones reales de habitabilidad, a la alimentación, a un trabajo que les permita tener cobertura médica y social -con una jubilación futura-, tampoco el Estado convoca y les provee particularmente un/a abogado/a si es que las/os propias/os vulneradas/os no se acercan a los patrocinios jurídicos gratuitos cuando no cuentan con dinero para pagar a un/a abogado/a privado/a, siendo que además, y aclaro, deberán afrontar gastos que el Poder Judicial luego les solicitará (en carácter de la llamada “tasa de justicia” y las “costas del proceso”, que son básicamente gastos que debe afrontar una persona que logra
acceder a reclamar judicialmente a causa de la violación de sus derechos)

Entonces, me pregunto, realmente ¿cuál es el precio que los grupos históricamente vulnerados en sus derechos van a tener que seguir pagando para al menos acceder a una ideal y tan esperada JUSTICIA?

¿Cuándo va a haber Poder Judicial y políticas públicas a disposición real de las/os pobres, invisibilizadas/os, vulneradas/os en sus derechos?
¿Cuándo se respetará y se hará cumplir la Ley sobre Derechos de las Víctimas de Delitos para ser escuchadas adecuadamente y sin revictimización que continúe violentándolas/os?
¿Cuándo un Poder Judicial que actúe con celeridad -rapidez- en casos de violencia de género, violencia familiar, trata de personas?¿Cuándo un Poder Judicial y un Estado que asegure que las pibas y los pibes van a tener casa, comida en casa, vestimenta, posibilidad de ir a la escuela -con los recursos que
ello implica-, volver a casa sin que agentes de Policía y de ninguna otra fuerza los mate de un tiro en el pecho o por la espalda, o encubra imputados por delitos contra la integridad sexual y por delitos de trata o conexos?
¿Cuándo un Poder Judicial que actúe rápida y eficazmente para garantizar los derechos a la salud de niños, niñas y adultas/os a la espera de respuesta de sus coberturas de salud tanto públicas o privadas, sin miedo a morir?
¿Cuándo el Poder Judicial va a escuchar a las víctimas de tanta violencia institucional -bajo sus diversas modalidades-?
¿Cuál?… ¿Cuál es el precio que tenemos que seguir pagando para tener la Justicia que anhelamos y que tanto nos prometen las leyes, la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos?
¿Cuál es el precio para ganar el juicio contra la impunidad?

(1)Julio Zarza, “Sobre el Marginal”, https://mundosurfm.com/2022/02/03/sobre-el-marginal/,
febrero 2022.

*Abogada y docente universitaria UBA y UNDAV.